GMéxico Transportes y gobierno federal dicen mantener el diálogo tras decreto

22 de may. (Axis negocios) -- GMéxico Transportes, la mayor empresa ferroviaria de México, dijo que analiza las acciones que emprenderá luego de la decisión del gobierno federal de tomar el control de tres tramos ferroviarios concesionados a Ferrosur, una de sus subsidiarias, aunque por ahora mantuvo su apertura a dialogar con las autoridades, quienes defendieron su postura de recuperar estos activos al ser propiedad de la nación.

     La empresa, que cotiza en bolsa bajo la clave GMXT, dijo que continúa en negociaciones con el gobierno para resolver la disputa sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, Veracruz, mismo que fue ocupado por elementos de la Secretaría de Marina el viernes 19 de mayo.

     “Las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del gobierno, sin que GMéxico Transportes falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados”, dijo la compañía, en un comunicado. “Actualmente la negociación enfrenta una circunstancia difícil, ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”.

     Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ocupación temporal de las instalaciones ferroviarias es constitucional y se realizó en apego a la ley, además de que no se trata de una expropiación, ya que las vías férreas son consideradas propiedad de la nación, por lo que el gobierno únicamente está revocando la concesión otorgada a la empresa y recuperando el control de un bien público.

     El mandatario agregó que antes de decidir tomar el control de la infraestructura intentó llegar a un acuerdo con Germán Larrea, máximo accionista de la compañía ferroviaria a través de su empresa minera Grupo México, en la que ocupa el cargo de presidente del consejo de administración y director general para otorgarle el derecho de paso en los tramos que ahora están bajo control de las autoridades, a través de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una empresa de participación estatal mayoritaria y administrada por la Secretaría de Marina.

     No obstante, el conglomerado industrial requería un pago de nueve mil 500 millones de pesos (532 millones de dólares) para zanjar la disputa, mismo que fue rechazado por el gobierno, de acuerdo con el presidente.

     Si bien el Ejecutivo dijo que su administración está dispuesta a llegar a un arreglo con la empresa, descartó que vaya a pagar el monto que exige la misma.

     “Sí, sí vamos a arreglarnos. . . [pero] vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos nueve mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede”, dijo López Obrador, en su reunión con representantes de medios. Queremos "que, después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se pague una indemnización, si es que les corresponde”.

     Los trayectos ferroviarios que recuperó el gobierno suman 120 kilómetros de vías férreas, con el tramo más largo entre Coatzacoalcos a Medias Aguas, con una longitud de 91.2 kilómetros. Otro de los tramos es el que va de Hibueras a Minatitlán, de 11 kilómetros de longitud; así como el que recorre de El Chapo a Coatzacoalcos, con 18 kilómetros de largo --todos en la parte sur del estado de Veracruz.

     El retiro de la concesión sucedió incluso la misma semana en que López Obrador sostuvo un encuentro con Larrea, en el marco del interés que ha mostrado el empresario para comprar los activos de banca de consumo de Citibanamex, que hasta ahora pertenecen al banco estadounidense Citigroup.

     Previo a ello y cuestionado sobre los reportes periodísticos que indicaban confrontación con el empresario minero por la operación de las vías férreas para el proyecto del corredor interoceánico, el presidente reconoció diferencias entre ambos.

     “Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar”, dijo el mandatario, quien aseguró que su gobierno no se opondría a la compra de Citibanamex por parte del dueño de Grupo México, siempre y cuando cumpliera con el pago de impuestos.

     No es claro si el retiro de la concesión a Ferrosur cambiará la opinión de Larrea sobre su interés de invertir y comprar buena parte de Citibanamex.

     Si bien la decisión del gobierno de recuperar el control de las vías férreas nacionales parece tener fundamentos legales, GMéxico Transportes consideró que es sorpresiva, ya que aparentemente existía un acuerdo con las autoridades desde principios del año pasado para la construcción de una segunda vía en el tramo de Coatzacoalcos a Medias Aguas --con independencia en su operación--, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

     “El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año”, agregó GMéxico Transportes, en su comunicación. “Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el gobierno meses después”.

     La empresa también dijo que seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes, mientras el gobierno le permita operar sus trenes y conservar la vía en condiciones óptimas.

     “De no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y del libre mercado”, dijo GMéxico Transportes.

     Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, que es el principal órgano interlocutor entre el gobierno y la iniciativa privada, expresó su preocupación por el decreto de expropiación del gobierno, ya que considera que tendrá un impacto negativo y mermará la confianza de los empresarios que invierten en el país.

     “Los empresarios hemos manifestado nuestra plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional”, dijo el organismo, en un comunicado. “Sin embargo, es necesario que para dichos propósitos se procuren condiciones de plena certeza jurídica, para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, bienestar y empleo”.

     La revocación de los tramos concesionados a Ferrosur se produjo tras la publicación de un decreto presidencial la semana pasada, cuyo objetivo es proteger las obras insignia del actual gobierno --entre ellas el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec-- al declararlas como de seguridad nacional e interés público.

     López Obrador publicó un primer decreto en el mismo sentido en noviembre de 2021, que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, lo que dio paso al segundo decreto.

     La intención del presidente con estos recursos legales es evitar que los grupos que ve como opositores a su gobierno frenen la realización de sus proyectos prioritarios, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo, una obra de más de 300 kilómetros de longitud que fue anunciada en 2019 e incluye los tramos que hasta hace poco estaban en poder de GMéxico Transportes.

* Dassaev Rodríguez contribuyó a la elaboración de esta historia.