Si bien CFE no es Pemex, tampoco en camino a sostener la soberanía eléctrica

9 de may. (Axis negocios) -- Uno de los principales compromisos de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial y que refrendó ya como presidente de México fue el de fortalecer a las empresas estatales de energía, tanto a Petróleos Mexicanos, como a la Comisión Federal de Electricidad, para alcanzar la muy ansiada --por él y algunos de sus votantes-- “soberanía energética”.

      Para lograrlo, la administración federal ha impulsado múltiples cambios, principalmente legales y en materia de políticas públicas, a fin de proteger o favorecer a las dos empresas de energía del gobierno mexicano contra sus competidores privados.

     Aun cuando las dos empresas --tanto Pemex como CFE-- hayan gozado en el pasado y por décadas de capacidades monopólicas, López Obrador, quien desde siempre se ha opuesto a la apertura de esas dos industrias, la petrolera y la eléctrica, a los capitales privados, ha buscado blindarlas de los posibles efectos contrarios de enfrentar competencia.

     El mandatario ha capturado a prácticamente todos los entes reguladores que debían asegurar un piso parejo, principalmente en materia eléctrica, para favorecer a CFE, en detrimento de sus competidores privados. Los cambios, que si bien no revierten lo aprobado por gobiernos anteriores para abrir las dos industrias a los capitales privados --nacionales y extranjeros--, han acarreado problemas y disputas con empresas locales y foráneas que consideran que han sido discriminadas por la estrategia gubernamental a favor de sus empresas estatales.

     De hecho, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han iniciado consultas con el gobierno de México para tratar de resolver algunas diferencias en el trato dado a algunas de sus compañías energéticas en el país y por ellos etiquetado como discriminatorio. Con las consultas, las naciones han evitado la creación de un panel internacional que defina si México está o no violando el tratado de libre comercio que tiene los tres países y que es conocido aquí como T-MEC. Esto con el objetivo de lograr trato equitativo a las inversiones locales de los dos países.

     Claro que López Obrador no ve ningún trato discriminatorio porque, desde su perspectiva, México, como Canadá y Estados Unidos, gozan de soberanía sobre sus políticas energéticas.

     Lo que hemos hecho es fortalecer “la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública encargada de administrar la industria eléctrica”, dijo el presidente en su más reciente discurso sobre la soberanía energética, en marzo, en el Zócalo de Ciudad de México, negando así que se le hubiera favorecido en detrimento de rivales locales o extranjeros.

     Pero no todos coinciden con López Obrador ya que una mera revisión numérica del desempeño de las dos empresas de energía estatales a lo largo de los últimos cuatro años y medio de su administración, demuestra que el funcionamiento, operativo y financiero, no ha sido ni cercano al óptimo, aun cuando el gobierno les ha brindado prerrogativas frente a sus rivales privados a través de los organismos regulatorios que ahora controla y que han dado múltiples muestras a favor de las compañías del Estado en detrimento de sus rivales.

     Las dudas incluso surgen más al ver que los esfuerzos presidenciales, acompañados por las posturas de los directores generales de las dos empresas de energía estatales del país, están lejos de logros contundentes y claros, pero si de un deterioro de las condiciones bajo las cuales operan las compañías privadas --agobiadas por cambios regulatorios o incluso decisiones donde la óptica en beneficio de las estales es la que impera y no la lógica del beneficio nacional.

     Algunos creen incluso que antes de haber buscado darles ventajas a esas empresa de energía gubernamentales, el presidente y los directivos de ambas debieron hacerlas más competitivas por sí mismas. Incluso, en el caso de CFE, corregir las posibles inequidades que enfrentaba en materia de regulación y que pudieron enmendarse sin tener que afectar los niveles de competencia en la industria, que han decrecido. 

     Los números de CFE, dirigida por Manuel Bartlett Díaz, un político que ha militado en diversos partidos y quien fuera gobernador del estado de Puebla, así como secretario de Educación y Gobernación cuando formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), muestran un escenario de contrastes, con avances en algunos rubros y lastres en otros, pero no, desde la perspectiva de muchos, de un desempeño extraordinario u ejemplar. Bartlett ha estado al frente de CFE desde que inició el actual gobierno a inicios de diciembre de 2018.

     La empresa, de hecho, entregó recientemente al mercado sus resultados operativos y financieros del primer trimestre de este 2023, entre los que destacan los ingresos, que fueron los segundos más altos para un primer periodo en los últimos seis años, así como dos años consecutivos de ganancias para los primeros tres meses del año.

     El avance en los ingresos es algo que ha ocurrido de manera constante a lo largo de la administración de López Obrador y puede explicarse por las restricciones a operar que han enfrentado los rivales actuales y potenciales de CFE. Desde el comienzo del actual gobierno, el marco regulatorio se ha vuelto desfavorable para las empresas privadas y favorable para la empresa estatal.

     En 2018, el último año antes del arribo del López Obrador, originario del estado de Tabasco, a la presidencia, los ingresos de CFE alcanzaron 547 mil 346 millones de pesos (27 mil 854 millones de dólares al tipo de cambio del cierre de ese año), mientras que para el cierre de 2022 la cifra ascendió a 618 mil 273 millones de pesos (31 mil 723 millones al tipo de cambio de fines de 2022), de acuerdo con los reportes anuales de la compañía.

     En términos reales, o descontando el impacto inflacionario, ese avance deja de ser positivo, ya que, si bien las ventas de CFE han crecido 13% en pesos de 2018 a 2022, la inflación general en México en ese periodo de tiempo ha sido superior, de 22%, por lo que CFE no ha podido ni siquiera subir sus ventas a un ritmo similar al de la inflación.

     Esto muy probablemente lo explica la política del gobierno lopezobradorista de no permitir que las tarifas eléctricas en el país suban por arriba del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, algo que inhibe a la empresa estatal para poder trasladar a precios los mayores costos de producción que ha enfrentado, como ha ocurrido con el precio del gas natural y otros combustibles que usa para encender y mantener activas buena parte de sus plantas eléctricas; o incluso por las alzas al costo de la misma mano de obra.

     Además, el crecimiento de los ingresos de CFE no se ha visto reflejado en otros rubros. Ejemplo de ello es el deterioro de la utilidad de operación de la compañía. En 2021 y 2022, la empresa registró incluso pérdidas operativas por primera vez desde 2015. Solo en 2019 el indicador presentó un alza de 79.9% respecto al año previo. Claro, un año después, en medio de la pandemia de la covid-19, la compañía registró un descenso de 76.6% en su utilidad operativa, una métrica que deja entrever que bajo el mandato de Bartlett la situación financiara de la empresa eléctrica estatal no ha mejorado, sino que ha empeorado.

     Las presiones de costos y gastos de la compañía estatal también han impactado sus ganancias, que, de 2018 hasta el 31 de marzo de este año, acumulan pérdidas por 88 mil 500 millones de pesos (cuatro mil 920 millones de dólares), de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una entidad dedicada al análisis del desempeño gubernamental, tanto de sus dependencias como de sus empresas.

     Para los especialistas de esa entidad, las caídas de las utilidades de operación de CFE tienen su origen en la dependencia que tiene la compañía del gas natural, insumo indispensable para cerca de 60% de su producción eléctrica. La vinculación es tal, que los fenómenos climatológicos ocurridos en Estados Unidos en 2021, que recortaron el suministro del gas natural y elevaron sus precios; así como el conflicto armado entre Rusia y Ucrania un año después, impactaron considerablemente los resultados operativos de CFE al elevar el precio de ese combustible.

     “Al final, en buena medida, creo que esa es una de las principales razones que te explican los resultados malos de CFE. Porque a diferencia de Pemex, CFE no tiene justificación para operar con pérdidas”, dijo Oscar Ocampo, coordinador de energía de IMCO en entrevista con Axis negocios. “Por más que fluctúe el precio del gas natural, CFE tendría que operar con utilidades prácticamente todos los años”.

     Una forma en la que la empresa podría reducir su exposición a los precios del gas natural es mediante la diversificación en el uso de combustibles a favor de aquellos con menores precios, o también mediante la adquisición de energía producida por compañías más eficientes que CFE, agregó el especialista. Sin embargo, dicho escenario parece lejano ante la estrategia de negocios que ha seguido la empresa, bajo el mandato de Bartlett, que, por su postura de buscar la “soberanía energética”, ha optado por no adquirir energía a precios más bajos que pudieran venderle productores privados, principalmente los generadores de energía eólica o solar y como, de hecho, venía ya haciendo la empresa estatal a través de la organización de subastas de energía para adquirir el fluido eléctrico a menores precios. 

     Claro que desde 2019, con la llegada de López Obrador al poder y de Bartlett a CFE, el gobierno suspendió la realización de subastas eléctricas de largo plazo, a fin de que la compañía, dijeron, no dependiera de terceros y buscará aumentar su propia generación eléctrica, que no es tan económica como la de algunos de sus rivales.

    Los especialistas incluso señala que es muy poco probable que una sola planta de CFE pueda generar electricidad con costos similares a los del sector privado por los costos de operación y laborales inherentes a la empresa estatal. 

     La eliminación de las subastas ha sido una de las tantas medidas y políticas implementadas por el gobierno actual en un intento para darle una mayor participación a CFE en el mercado de la generación eléctrica del país. Quizá la de mayor calado, en este sentido, fue la iniciativa de reforma constitucional que buscaba revertir, en cierta medida, la apertura del sector a los capitales privados. Ese proyecto fue a la postre frenado en el Congreso de la Unión por los partidos políticos de oposición.

     Para algunos, como el especialista en energía, Luis Miguel Labardini, las políticas emprendidas en este gobierno son entendibles desde el punto de vista de que buscan privilegiar el "beneficio social" antes que la "rentabilidad" de la compañía, pero para él esos conceptos deben revisarse en el largo plazo pues las supuestas ventajas para la sociedad hoy, no se traducirán en beneficios mañana si la empresa estatal no es rentable financieramente hablando.

     “El beneficio social, el beneficio para el país, tiene que ser medible”, dijo Labardini, en una entrevista telefónica. “La única manera de medirlo es reconociendo que CFE es una empresa que tiene viabilidad económica en el largo plazo”.

     En este aspecto, los expertos hablan de que CFE, aún cuando brinda diversos servicios a la sociedad, no siempre lo logra hacer de  una manera eficiente ya que cuenta con costos que parecen al final solo beneficiar a su planta laboral, en detrimento incluso de la población. La empresa al producir además electricidad de forma más contaminante que sus rivales lastima también el medio ambiente y por ello a los habitantes que viven cerca de sus centros de generación eléctrica.

     La compañía, que en abril anunció indirectamente otra gran medida para aumentar su capacidad de generación con un contrato de administración de 13 plantas que eran propiedad de la compañía española Iberdrola y que adquirió el gobierno, cuenta con algunos de los activos en energía más valiosos del país, como la red de transmisión y distribución eléctrica; la red de gasoductos, la central de energía nuclear de Laguna Verde, entre otros.

     Paradójicamente, en lugar de aprovechar mejor algunos de esos activos, las políticas del gobierno de López Obrador, en su afán por apuntalarla como la empresa de generación de energía en el país por excelencia, podrían llevarla, dijeron los especialistas, a una inviabilidad en un escenario extremo futuro.

     “Ni CFE ni ninguna empresa eléctrica en el mundo puede hacer lo que la política energética del gobierno federal pretende que CFE haga”, dijo Ocampo. “Reconcentrar todas las actividades de la generación eléctrica en CFE es condenarla a la bancarrota”.

     El pasivo laboral de la empresa es también otro de los grandes problemas que enfrenta y que muchos atribuyen a Bartlett, debido a que en 2020, durante la renegociación del contrato colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), la empresa estatal dio marcha atrás a un elemento que había aliviado ese pasivo laboral desde 2016. En concreto, bajo la dirección de Bartlett, CFE volvió a reducir la edad de jubilación que ya había logrado extender para sus nuevos trabajadores.

     Tan solo en el primer trimestre del año el pasivo laboral ascendió a 430 mil 200 millones de pesos (21 mil 650 millones de dólares), lo que implicó un crecimiento de 16%.

     Otros rubros, como el del monto de la deuda de CFE, tienen evaluaciones positivas para los especialistas, ya que ha bajado en tres de los últimos cinco años y lleva prácticamente todo el sexenio debajo de 400 mil millones de pesos (22 mil 500 millones de dólares). Al cierre de 2022 la deuda fue 16% inferior al pico que alcanzó en la administración del expresidente, Enrique Peña Nieto, de 458 mil millones de pesos (23 mil 300 millones de dólares) en 2017.

     La reducción del monto de su deuda da a muchos cierta confianza en CFE, al menos desde la perspectiva de que podrá cubrir sus obligaciones financieras sin ayuda extraordinaria de algún tipo. De hecho esta buena capacidad para cubrir sus obligaciones financieras queda corroborado con las calificaciones crediticias de grado de inversión, con perspectiva ‘estable’, que le otorgan las tres principales agencias calificadoras en el mundo --Moody’s Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Poo's.

     La empresa eléctrica es, en ese sentido, más estable que la otra gran compañía estatal, Petróleos Mexicanos, ya que, a diferencia de esta última que tiene una deuda de cerca de 110 mil millones de dólares, CFE no requiere de ayudas gubernamentales ni enfrenta problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. Además de que la mayoría de sus adeudos están denominados en pesos.

     Recientemente Pemex dijo que trabaja con el gobierno mexicano para encontrar alternativas que le permitan hacer frente a sus compromisos financieros de este año, que rondan los cuatro mil 600 millones de dólares.

     “Al final del día CFE siempre ha sido y siempre será probablemente el principal actor en la industria”, dijo Ocampo. “Aquí el reto es, si [el gobierno] no abre la generación eléctrica a otros actores, no hay forma. Por más que el gobierno insista y jure y perjure que CFE va a mantener el crecimiento de la oferta al ritmo de la demanda, no hay forma”.