Diputados de oposición votan en contra de la reforma eléctrica, queda desechada

17 de abr. (Axis Negocios) -- Los diputados de oposición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) votaron en contra de la reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para devolver el control de la industria eléctrica a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiciándole probablemente su mayor derrota parlamentaria y política hasta ahora.

     Con la votación casi unánime de los opositores, la iniciativa presidencial no logró las dos terceras partes de los votos que marca la ley en México para enmendar la Constitución, pese a contar con el respaldo casi total del partido del presidente --Movimiento Regeneración Nacional (Morena)-- y de sus dos partidos aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

     En total, la iniciativa, tras un quorum casi perfecto de 498 de 500 diputados, recibió 275 votos a favor de Morena (202), PVEM (41) y PT (32), y 223 en contra del PAN (113), PRI (70), MC (25) y PRD (15). Así, los votos a favor estuvieron 57 por debajo de los 332 que requería el gobierno para poder haber enmendado la Constitución.

     “En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada. . . se desecha el proyecto de decreto”, dijo el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, tras cerrarse el sistema electrónico de votación y quien junto con la diputada Karla Yuriti Almazán Burgos, también del partido en el poder, llevaron a cabo la conducción de una sesión llena de pasión y de 12 horas de duración.

     Hasta cierto punto, el resultado de la votación era ya esperado. Antes de la sesión en la Cámara Baja, la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, indicó que votaría en contra de la reforma a inicios de este mes, aun cuando el grupo mayoritario prometió incluir nueve de sus 12 propuestas, que aparentemente hizo, pero que no dejó satisfechos a los legisladores opositores por no revertir la esencia de la propuesta presidencial de modificar el modelo eléctrico nacional para favorecer a la empresa eléctrica estatal.

     La razón de su rechazo se sustentó en que con base en el cambio constitucional el gobierno daría una capacidad monopólica --en la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad-- a CFE. Eso, agregaron, era contrario a sus convicciones de que es más conveniente para los mexicanos y sus empresas contar con una industria eléctrica abierta a la competencia, con fuerte rectoría del Estado, pero no un modelo cerrado y controlado por una empresa estatal que no ha dado muestras de gran eficiencia, aunque sí de un manejo operativo efectivo ante desastres naturales.

     El resultado de la votación se dio sin que ningún legislador cambiara de opinión pese a las cerca de 12 horas de argumentaciones y a lo largo de las cuales distintos legisladores presentaron puntos de vista a favor y en contra de la reforma.

     Eso sí, los dos bandos se autovanagloriarion y acusaron a los otros, de velar por los intereses del país o de ser “traidores a la patria” --todo, claro, dependía de en qué lado de la ecuación estaba el legislador.

     Para los diputados morenistas, los verdes o del trabajo, votar a favor de la reforma era defender el interés del pueblo y desechar los intereses de los capitales nacionales y extranjeros que, a través de sus empresas eléctricas, han supuestamente extraído fondos que deberían ser de los mexicanos.

     “Hemos utilizado argumentos históricos, datos técnicos y estudios sólidos. Hemos apelado a la responsabilidad, a su compromiso con México y a su patriotismo”, dijo el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. “Hoy, desde esta tribuna, se los decimos nuevamente, reflexionen si quieren subordinarse al dinero y a las empresas extranjeras como lo hicieron los malos legisladores, malos funcionarios y malos mexicanos en el 2013” cuando se reformó la Constitución para abrir la industria eléctrica a la participación de capitales privados.

     Claro que lo mismo ocurrió cuando hablaban los panistas, priístas, perredistas o de Movimiento Ciudadano, pero en sentido contrario. Ellos dijeron que de aprobarse la reforma se aprobaría un aumento de tarifas eléctricas que resentiría el pueblo por la incapacidad de CFE de generar energía a bajos costos; mientras que votar a favor de ella solo permitiría a los dirigentes de la empresa estatal y sus allegados seguir extrayendo recursos de la nación para su beneficio y no para ayudar a los que menos tienen, además de que con ella se pondrían en riesgo algunos acuerdos internacionales del país.

     “Se van a llevar las fuentes de empleo, se van a llevar la capacidad del país para atraer inversiones y proyectos que generen dinamismo y economía y muchos beneficios”, dijo el diputado Alejandro Morena Cárdenas, presidente del PRI, durante su participación en el pleno. “Haciendo gala de su ya tradicional visión estatista y autoritaria, quieren cancelar contratos que podrían representar un costo por más de 60 mil millones de dólares al país. Morena va en contra de los acuerdos comerciales como el T-MEC”.

     El legislador priista incluso amenazó con obstaculizar las otras dos grandes reformas constitucionales que tiene pensado proponer López Obrador, una en materia electoral y la otra para hacer que la Guardia Nacional pase a formar parte de las filas de las fuerzas armadas.

     Un elemento que llamó la atención de los expertos fue que los legisladores que se opusieron a la reforma aludieron a la necesidad de cambiar el marco regulatorio actual para generar un piso más parejo para todos los participantes, incluida CFE, con lo que advertían posibilidades de negociación con los defensores de la reforma.

     Sin embargo, dado que el mismo presidente López Obrador estableció, tiempo atrás, en su mejor estilo de obcecación, que no debía movérsele ninguna coma a su iniciativa de reforma constitucional, las posibilidades de encontrar acuerdos con legisladores opositores se esfumaron. La terquedad presidencial fue probablemente uno de los principales elementos que los comentaristas políticos mencione en los siguientes días y que empleen para explicar la derrota parlamentaria y política del lopezobradorismo.

     La presentación de argumentos sobre la reforma eléctrica estuvo, en ocasiones, salpicada de interrupciones y de aseveraciones, obviamente encontradas, sobre cómo interpretarían los ciudadanos la votación que hicieron hoy los distintos grupos parlamentarios, con algunos del grupo de Morena indicando que el voto en contra a la reforma era asegurar que ese partido ganaría la votación presidencial que se llevará a cabo en 2024.

     “Voten como voten el día de hoy quien está cavando su tumba política el día de hoy son ustedes. Están en esta jornada, en este momento, entregándonos la presidencia de la república nuevamente en el 2024, están dejando de lado toda posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo”, dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, aliado cercano de Morena.

     Claro que en sentido contrario algunos legisladores de la oposición indicaron que su voto en contra iniciaba la derrota de Morena en el 2024.

      “Un día van a pedir el voto y la confianza y el pueblo no lo va olvidar y se los va a perdonar. Hoy empiezan las derrotas de Morena y van a concluir en el 2024. Se van a acordar de nosotros”, dijo la diputada panista, María Josefina Gamboa Torales.

     Mientas se llevó a cabo la sesión, el presidente López Obrador repitió en redes sociales mensajes que ya había expresado en sus reuniones matutina, como el que los cambios en materia eléctrica estaban ya blindados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no declarar inconstitucional algunas de las reformas que se hicieron el año pasado a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

     También el mandatario dijo que enviará al Congreso en las próximas horas una iniciativa para reformar la Ley Minera, mediante la cual espera garantizar que la exploración y explotación de litio --un metal muy valioso para la fabricación de baterías que se usan en industrias muy variadas como la de la telefonía móvil, la computación o la automotriz-- quede en manos del Estado, algo que contemplaba la reforma constitucional desechada.

     “Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición”, escribió el primer mandatario, en su cuenta personal de Twitter. “Mañana lo vuelvo a explicar”.

     La reforma a la Ley Minera del presidente, que es su plan B para evitar lo que considerarían un saqueo del litio similar al que vivió el país con el petróleo antes de su nacionalización en 1938, requeriría solo el voto de la mayoría simple en el Congreso, algo que sí tiene garantizado el gobierno con los votos de su grupo parlamentario y sus aliados, que suman en total 277 votos en la Cámara de Diputados y 75 votos en la de Senadores, con 128 representantes.

* César Perez contribuyó con la elaboración de esta historia.