EUA pide consultas a México para dirimir diferencias en política energética; AMLO minimiza

20 de jul. (Axis negocios) -- El gobierno de Estados Unidos solicitó a México llevar a cabo consultas para intentar resolver las diferencias que mantiene con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a su política energética, la cual desde su perspectiva discrimina a las empresas de energía estadounidenses e incluso canadienses, país que se sumó a los reclamos, en favor de las empresas estatales del petróleo y la eléctricidad.

     El argumento para iniciar esas consultas surge de la visión de que México --con las medidas que está tomando para favorecer a las empresas Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, perjudica a compañías de estadounidenses que invirtieron aquí bajo consideraciones de un piso que hoy ya no es, dicen, parejo. La solicitud de consultas la presentó el gobierno estadounidense a través de su oficina United States Trade Representative (USTR).

     “Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su inconsistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC”, dijo la embajadora Katherine Tai, encargada de USTR. “Estos cambios de política afectan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable”.

     Tai agregó que su oficina venía ya trabajando con la Secretaría de Economía “de manera constructiva” para resolver esas discrepancias, sin llegar a buen puerto. “Las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”, agregó. “Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver estas preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”.

     Horas después el gobierno de Canadá, el otro miembro del T-MEC, también dijo que apoyaría la petición de Estados Unidos para que el gobierno de México respete el acuerdo comercial, en particular tras los cambios emprendidos por México en materia de política energética, presentando su propia solicitud de consultas en el sector energético, de acuerdo con lo dicho por el ministerio de Comercio Internacional de Canadá, a la agencia de noticias Reuters.

     “Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son incompatibles con las obligaciones del T-MEC de México”, dijo Alice Hansen, portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, en un comunicado dirigido a la agencia británica. “Nos unimos a los Estados Unidos para tomar medidas lanzando nuestras propias consultas bajo el T-MEC para abordar estas preocupaciones, mientras apoyamos a los Estaos Unidos en su desafío”.

     Algunas de las quejas que han presentado las empresas estadounidenses a sus autoridades están vinculadas a los cambios que aprobó el Congreso de la Unión en la Ley de la Industria Eléctrica y que dan prioridad a la distribución de la electricidad de CFE contra la que producen las empresas privadas mexicanas, estadounidenses y de otros países.

     Los partidos de oposición mexicanos intentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara inconstitucional. Si bien esos institutos políticos ganaron la votación, no tuvieron los votos suficientes para darle marcha atrás, por lo que las protestas legales de las empresas energéticas de capital privado, nacional y extranjero, siguen combatiendo, con relativo éxito, en tribunales esa ley.

     Las victorias, sin embargo, se dan, como ocurre en la mayoría de los sistemas de justicia, con lentitud, poniendo en riesgo la rentabilidad de esos proyectos millonarios de inversión.

     También las compañías de energía de Estados Unidos han padecido una lentitud, aparentemente deliberada, por parte del órgano regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a sus solicitudes para obtener diversos permisos para poder poner en marcha sus actividades energéticas en el país, desde “prender” plantas de energía solar o eólica, hasta poder importar y almacenar petrolíferos, pasando por la instalación de estaciones de servicio para la comercialización de gasolina y diésel, todo para favorecer las actividades en esas industrias de Pemex o CFE.

     “Las políticas de México han desplazado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país”, dijo USTR en el comunicado en el que anunció la solicitud de consultas. “Los cambios de política de México amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano. Para alcanzar nuestros objetivos económicos y de desarrollo regional compartidos y los objetivos climáticos, las cadenas de suministro actuales y futuras necesitan energía limpia, confiable y asequible”.

     Para el presidente López Obrador, no obstante, la solicitud hecha no parece ser de gravedad y la atribuyó no a estadounidenses, sino a compañías y empresarios mexicanos inconformes con la política energética aplicada por su administración.

     “Este es un asunto de estos intereses ultraconservadores, acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del consejo de Iberdrola, que estaban acostumbrados a saquear y eran los dueños, o se sentían los dueños del país, pero eso ya cambió”, dijo en su reunión con medios de este miércoles, sin ofrecer pruebas de ese robo o saqueo. “No va a pasar nada. No tiene sustento, es politiquería”.

     Ante los cuestionamientos de la prensa, López Obrador respondió de forma irónica con una canción --una práctica poco ortodoxa para un mandatario, pero que es habitual en las reuniones que sostiene con la prensa por las mañanas-- del músico popular mexicano conocido como Chico-Ché, titulada Uy qué miedo.

     La única diferencia que el gobierno mexicano reconoce mantener con una empresa estadounidense en materia energética es la que sostiene con Talos Energy por la operación del yacimiento Zama, el cual fue unificado con un área operada por Pemex, de acuerdo con López Obrador.

     La defensa del mandatario mexicano a su política energética no se limita a la respuesta de este miércoles. En el pasado, el presidente López Obrador ha dicho que México no ha violado el tratado de libre comercio que involucra a los tres países de América del Norte, porque el capítulo ocho de dicho acuerdo brinda a México la soberanía sobre sus recursos energéticos, algo que reconocieron los gobiernos estadounidense y canadiense al firmar el T-MEC.

     “México se reserva el derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna", dice ese capítulo ocho, el cual agrega que "México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

     Claro que para el gobierno de Estados Unidos y diversos expertos ese reconocimiento no implica necesariamente que México se pueda abstener de cumplir con la legislación que impacta las inversiones en el sector energético o en otras industrias en el país.

     Para USTR, las políticas que ha venido implementando la Secretaría de Energía y algunos otros órganos regulatorios como CRE sí incumplen con el T-MEC, aun cuando el país mantenga el derecho soberano de reformar su Constitución y en la cual el legislador estableció la apertura del sector energético mexicano a los capitales privados y en igualdad de circunstancias con las empresas de capital estatal.

     Las medidas que han adaptado las dependencias mexicanas para el sector energético “parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México bajo el T-MEC, incluso bajo los capítulos de Acceso al Mercado, Inversión y Empresas de Propiedad Estatal”, agregó USTR.

     Por ahora, la Secretaría de Economía, encargada de la defensa del gobierno mexicano, contará con hasta 75 días para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la instalación del panel.

     “El gobierno de México externa su voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria durante la etapa de consulta”, dijo la dependencia encabezada por Tatiana Clouthier en el comunicado en el confirmó la solicitud de su socio comercial.

     Desde la entrada en vigor del T-MEC han sido activados otros tres mecanismos de consulta, uno por parte de Estados Unidos contra Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo, y uno de Canadá contra el gobierno estadounidense por una medida de salvaguarda en materia de células fotovoltaicas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

     A la par, está el panel que México y Canadá mantiene contra la interpretación que el gobierno estadounidense hace a las reglas de origen en el sector automotriz y cuya resolución es esperada para finales de este año.

     El presidente López Obrador adelantó que dará a conocer la respuesta de su administración a los planteamientos del gobierno de Estados Unidos.

     Con el inicio de las consultas, Estados Unidos comienza a ser uso de los mecanismos de resolución de controversias que contempla el T-MEC. Para los expertos, el proceso de consultas entre México y Estados Unidos en materia energética podría tardar cerca de tres o cuatro meses. Así, ellos ven que para el último trimestre de este año se sabrá si las partes lograron un acuerdo gracias a las consultas.

     De no ser así, entonces muy probablemente el gobierno estadounidense convoque la creación de un panel de resolución de controversias, algo que tardaría aproximadamente medio mes, para que posteriormente los miembros de ese panel den su fallo en un lapso de entre seis y siete meses. El tiempo que los expertos estiman que la disputa llegue a su fin, en caso de que las consultas fracasen, es entre junio y agosto de 2023.

     Si México rehusase a aplicar las correcciones que dicte el panel, en caso de que lo pierda, entonces Estados Unidos podrá imponer aranceles a bienes y servicios mexicanos en una proporción que compense el daño causado por la política energética del país.