Disputa con EUA, pese a opinión de López Obrador, podría suponer efectos graves para México

22 de jul. (Axis negocios) -- Cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por la prensa sobre la solicitud del gobierno de Estados Unidos para iniciar consultas en torno a las políticas energéticas de su gobierno, su reacción retadora y a la vez despreocupada fue muy criticada.

     El mandatario minimizó la solicitud del gobierno estadounidense de activar uno de los primeros mecanismos para resolver diferencias contemplado en el tratado comercial conocido aquí como T-MEC; no obstante, pocas horas después el tercer socio regional, Canadá, hizo lo propio.

     Las demandas de las empresas de esos países canalizadas a sus gobiernos son para el presidente de México “politiquerías” promovidas por opositores de su administración, más que por disconformidad de inversionistas extranjeros.

     No obstante, para los expertos, las consecuencias que México enfrentaría en caso de no salir favorecido de la disputa comercial no son, como lo plantea el presidente, faltas de gravedad.

     “El cambiar las reglas del juego de forma unilateral puede llevarnos a consecuencias inimaginables”, escribió en su cuenta de Twitter Ildefonso Guajardo, quien formó parte del equipo negociador de México en la construcción del T-MEC. “Miles de empleos de mexicanos están en riesgo”.

     Para el exsecretario de Economía y ahora legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los paneles de controversias permiten un diálogo responsable entre ambas partes; no obstante, en caso de no favorecer a México, una de las principales consecuencias podría ser el establecimiento de aranceles a algunos de los principales productos que exporta al vecino país del Norte.

     “Estados Unidos, si gana este panel, tendrá el derecho de imponer aranceles por el monto del daño causado en el sector energía”, dijo en entrevista con Aristegui Noticias. “Los platos rotos de este incumplimiento los pueden pagar los tomateros, los exportadores de autopartes”.

     Un cálculo estimado de lo que costaría a México perder el panel lo dio Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, en una carta enviada a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, en abril, en la antesala de la discusión en el Congreso de la Unión de la iniciativa de cambios constitucionales en materia eléctrica, que finalmente no prosperó.

     “Consideraré todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para atender estas preocupaciones”, dijo Tai en la misiva, en la que estimó que alrededor de 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses estaban en riesgo por los cambios planteados. Otros, como el propio Guajardo, ubican la cifra en 30 mil millones de dólares.

     Pero más allá de los cambios legislativos impulsados por la administración del presidente López Obrador --algunos de ellos combatidos por las empresas ante tribunales-- son las acciones llevadas a la práctica realizadas por instituciones federales lo que probablemente motivó al gobierno de Estados Unidos a tomar cartas en el asunto.

     “Más importante aún son los cambios que han hecho de facto, su implementación en el mercado, que han afectado a las empresas”, como el freno regulatorio por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), o las modificaciones realizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la asignación de centrales, dijo David Berozowasky, abogado de Foley & Lardner México, especializado en temas energéticos, en consulta telefónica.

     Dichas medidas, a consideración del especialista, tienen ya consecuencias en las inversiones que llegan al país y su efecto continuará más allá de la administración del presidente López Obrador.

     Las resoluciones derivadas del panel de controversias no serían las únicas consecuencias que enfrente el país, ya que las empresas privadas estadounidenses podrían presentar de manera paralela arbitrajes internacionales.

     Un ejemplo de ello es la disputa que el gobierno mexicano mantiene con la energética estadounidense Talos Energy, por la operación del yacimiento Zama y que comparte con la empresa estatal Petróleos Mexicanos, y que contrario a lo dicho por el presidente López Obrador hace unas semanas, parece estar aún lejos de una resolución.

     “[Talos] es la única empresa petrolera con la que tenemos diferencias, porque ellos no han querido aceptar el que Pemex tiene más petróleo que ellos y, de acuerdo a la ley, si en un yacimiento una empresa predomina, esa empresa tiene que operar la explotación del campo petroleros”, dijo el presidente López Obrador en la reunión con medios del 20 de julio. “Y ellos quieren, siendo minoritarios, tener la operación, y eso no se puede, es ilegal”.

     El especialista de Foley & Lardner México apuntó que si bien hasta ahora el inicio de arbitrajes internacionales contra México son pocos, esta situación podría cambiar una vez conocida la resolución de la disputa entre México y Estados Unidos, especialmente en caso de que el Estado mexicano incumpla con la reparación del daño.

     De momento el mandatario mexicano, muy dado a utilizar un discurso que exalta el nacionalismo y los símbolos de la historia de México, ha dicho que dará respuesta a la solicitud de Estados Unidos el 16 de septiembre, durante el desfile militar para conmemorar el inicio de la Independencia del país.

     El mecanismo iniciará con una etapa de 75 días en los que ambas partes --México representado por la Secretaría de Economía-- buscarán llegar a un acuerdo satisfactorio que evite escalar el desacuerdo a la constitución de paneles para resolución de controversias.

     Por lo pronto, el gobierno mexicano ya inició con la conformación del equipo que defenderá a México en las consultas, en el que participará Jesús Seade, actual embajador de México en China y quien fungió como representante del equipo del entonces presidente electo López Obrador, en las negociaciones para conformar el nuevo acuerdo comercial. Este nombramiento fue aplaudido por algunos expertos, entre ellos el propio ex secretario de Economía Guajardo.

     Sin embargo, para los especialistas las probabilidades de un resultado favorecedor para México son pocas.

     “Desafortunadamente la argumentación se va a basar en un tema de nacionalismo mal entendido”, externó Berezoswky. “Nadie contradice [la soberanía de México sobre hidrocarburos], el problema es otro. La política energética está causando daños porque está favoreciendo a un participante en un mercado que no debería estar favorecido”.