Kimberly-Clark México, Essity y otros multados por Cofece con 313 mdp por coludirse en venta de pañales

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas a tres empresas y nueve personas físicas que en conjunto deberán pagar 313 millones 473 mil pesos (15.2 millones de dólares) por colusión en el mercado de venta de productos de higiene con celulosa, como pañales para bebé, productos para la protección sanitaria femenina y para la incontinencia.

     Las firmas sancionadas, que de acuerdo con el regulador incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, fueron Essity México, Kimberly Clark de México y Productos Internacionales Mabe, quienes aún podrán acudir a tribunales a defenderse.

     De acuerdo con Cofece, el Pleno de la Comisión estimó que estas empresas y sus ejecutivos señalados provocaron un daño estimado en mil 567 millones 36 mil 589 pesos (76.5 millones de dólares), lo que la llevó a sancionar con las multas máximas posibles establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica.

     “La conducta es grave considerando que fue prolongada y afectó las condiciones de abasto de productos muy importantes para la salud e higiene de las familias mexicanas”, escribió en un comunicado el regulador encargado de promover la sana competencia económica.

     Entre las prácticas monopólicas absolutas se encuentran los acuerdos ilegales entre personas físicas, morales, dependencias o asociaciones que dañan la libre competencia al manipular precios, oferta o demanda, así como el intercambio de información que de pie a dicha manipulación, lo que eventualmente deriva en el precio que pagan los consumidores por los productos.

     Cofece inició su pesquisa a finales de 2017 y lo hizo público medio año después. De acuerdo con sus hallazgos, Kimberly-Clark México y Essity México pactaron precios en pañales de bebé y otros productos de incontinencia desde febrero de 2008 a junio de 2014, mientras que para los productos de protección sanitaria femenina la colusión entre las mismas empresas ocurrió de septiembre de 2011 a junio de 2014.

     Las empresas realizaban reuniones para “intercambiar información y acordar incrementos de precios de los productos y/o la eliminación de promociones, así como para verificar el cumplimiento del acuerdo, monitorear los precios establecidos y reclamar desviaciones a lo pactado, para lo cual también mantenían comunicaciones a través de correos electrónicos”, dijo regulador, quien también determinó que los involucrados buscaron mantener la secrecía en su comunicación al conocer la ilegalidad de sus actos.