Ante reportajes críticos, López Obrador, ¿sobre reacciona o fue calumniado?

4 de mar. (Axis negocios) -- Desde la publicación de tres reportajes en los que medios internacionales --los portales digitales especializados, ProPublica e InSight Crime y el diario estadounidense The New York Times-- dieron cuenta de posibles vínculos entre algunos cárteles de la droga y personas de las campañas electorales del actual presidente Andrés Manuel López Obrador en los años 2006 y 2018, el mandatario dejó en claro su enorme molestia por esas insinuaciones.

     Si bien las tres piezas periodísticas no incriminaban al presidente ni eran contundentes en probar que había llegado dinero ilícito a los dos procesos electorales en los que participó el actual mandatario, los hechos narrados provocaron un fuerte descontento presidencial.

     Los atenuantes que los artículos incluían, como el que los casos se sustentaban en informantes poco confiables o incluso que las investigaciones señaladas habían sido desechadas por las autoridades del Departamento de Justicia estadounidense ante la falta de pruebas contundentes, no calmaron al presidente de México.

    Al día siguiente de los primeros reportajes publicados por ProPublica e InSight Crime, en los que se narraba cómo agentes de Drug Enforcement Administration (DEA), la dependencia estadounidense encargada de combatir el tráfico de drogas y la distribución de estupefacientes en su territorio, buscaban mostrar, a través de una operación en cubierta, la posibilidad de inyectar dinero ilícito a la campaña lopezobradorista de 2006 --hace 17 años--, el presidente se mostró muy enfadado por lo publicado.

     Un periodista sacó un “reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba, y es periodista famoso, de los premiados”, dijo López Obrador, en su reunión matutina con medios de comunicación el 1 de febrero, un día después del artículo de ProPublica y en referencia al ex corresponsal extranjero de The New York Time en México, Tim Golden, ahora con ese medio digital. “Para mí, deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Pero ¿cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas?”.

     La mayor reacción, sin embargo, provino días después cuando supo, por una solicitud de derecho de réplica, que el periódico The New York Times estaba preparando un reportaje en el que se volvía a indicar que personas cercanas a él, incluidos sus hijos, habían sido investigados por posibles vínculos con grupos criminales, que supuestamente buscaban financiar su más reciente campaña electoral, la de 2018, y que lo llevó a la presidencia.

     Ante estos hechos, el presidente descalificó al medio e hizo público el cuestionario que recibió su oficina de comunicación social, dirigida por Jesús Ramírez, para ofrecerle el derecho de responder al contenido del reportaje que estaba aparentemente por publicar el diario estadounidense.

     “El New York Times, no deja de ser un pasquín”, dijo el presidente. “Ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono, que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el [2006]; en el [2018]. Incluso, que entregaron dinero a mis hijos y que le daban creo que, hasta las cinco de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara”.

     López Obrador fue leyendo las preguntas, respondiendo que todo era falso, que no había pruebas, que el diario hizo su reportaje con intenciones de dañar su imagen y reputación al usar fuentes anónimas poco creíbles. En resumen, el mandatario indicó que el reportaje, publicado horas después de brindar sus comentarios, lo calumniaba como lo habían hecho antes los de ProPublica e InSight Crime. El mandatario incluso pidió un pronunciamiento del gobierno estadounidense en torno a esas supuestas investigaciones que mencionaban esos medios.

     El mismo día, John Kirby, el portavoz del National Security Council de la Casa Blanca, a pregunta expresa durante una conferencia, dijo que no había ninguna investigación por parte del gobierno sobre posible financiamiento ilícito en las campañas de López Obrador y el martes pasado el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, volvió a indicar que su gobierno no tenía ninguna pesquisa contra el presidente López Obrador.

     Frente a todo esto, múltiples discusiones se han gestado sobre el manejo que el presidente dio a esos artículos periodísticos, sobre la misma validez de las historias publicadas o incluso si es correcto o no que el presidente hable de calumnia y de las posibles acciones que podría tomar tras haber dicho que su gobierno estaba siendo difamado.

     En cuanto a la reacción presidencial a los artículos, existen básicamente dos campos o grupos de opinión. Por un lado, hay quienes consideran que el presidente sobrerreaccionó a lo publicado y que pudo manejar esos reportajes sin tanta virulencia en su respuesta porque ellos mismos dejaban en claro que las investigaciones estaban ya cerradas por falta de pruebas y de que las fuentes eran de reputación cuestionable.

     Claro que, por el otro lado, hubo también quienes indicaron que, ante las alusiones de posibles vínculos de personas cercanas a él con grupos criminales, el mandatario mexicano no podía dejar de defenderse, sobre todo por el daño reputacional que podría traer a la oficina de la presidencia de México y por lo que esos señalamientos podrían desatar fuera del país.

     “El impacto propagandístico que tiene la nota en México es mayúsculo. . .  en momentos en que afecta [el proceso electoral]. . . pero en Estados Unidos no es menor: fortalece las posiciones de la derecha que pugna por una política de intervención directa bajo el argumento, justamente, de que el estado mexicano está dominado por los cárteles”, escribió Jorge Zepeda, analista y escritor en el portal sinembargo.mx.

    En ese mismo sentido y ante el juicio que actualmente enfrenta el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en Estados Unidos por haber supuestamente asistido en el traslado de 500 toneladas de cocaína a través de su país, el presidente sí debía reaccionar ante los alegatos por más que los medios que trataron el tema hubiesen dejado en claro que las investigaciones no habían llegado a algo y que habían sido desechadas.

     “Yo creo de ser falso sí es importante que se defienda la figura presidencial sin importar quién la detente, porque esos señalamientos le pueden tener consecuencias políticas, de percepción y económicas al país”, dijo Pablo Gómez Mont, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana de Abogados, en una entrevista telefónica. “El tema es delicado y sería bueno que incluso se investigue en nuestro país, no la publicación sin los señalamientos al presidente, esto es lo que debería suceder en cualquier país con una fiscalía autónoma”.

     Claro que tanto Zepeda Patterson como Gómez Mont dejaron en claro que desde su perspectiva la reacción del presidente a las acusaciones pudo no ser lo pulcra o bien lograda para contrarrestar el efecto causado. Ambos, de forma independiente, consideraron que la forma como actuó el mandatario pudo ser al final más dañina que benéfica para su gobierno.

     “Entendiendo la necesidad de responder a los golpes recibidos, me parece que algunas actitudes y frases del presidente, soltadas en momentos de irritación, desfavorecen a su causa”, agregó Zepeda en sinembargo.mx

    Una explicación probable de lo que muchos vieron como sobrerreacción está en que con ello el presidente mexicano dejó en claro que su gobierno no va a tolerar más alusiones, insinuaciones o sugerencias similares. En otras palabras, buscó cortar de tajo otros posibles ataques similares en el futuro y que podrían darse ante la carrera presidencial que inició el viernes pasado.

    “Creo que ha [reaccionado como reaccionó] con, digamos, la intención estratégica de disuadir futuros ataques”, dijo Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad y fundador de la consultora Lantia Intelligence, en un mensaje de voz. “Yo creo que él intuye. . . que esto es solamente el principio de una andanada de textos e investigaciones que se van a ir revelando a lo largo de las próximas semanas y él piensa que entre más dura sea su reacción, posiblemente los incentivos para revelar esas investigaciones sean menores. . . De ahí su reacción tan desmesurada”.

     Un elemento de la forma que el presidente reaccionó que la gran mayoría lamenta es que López Obrador haya revelado el teléfono celular de una de las dos personas que escribieron el reportaje de The New York Times y que dijese, al ser cuestionado sobre si esa acción no violaba la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que la autoridad moral y la dignidad del mandatario estaban por encima de la ley.

     “Aun siendo víctima de una calumnia, no justifica la revelación de un dato personal”, agregó Gómez Mont, en la entrevista, aclarando que además la calumnia en el país ha dejado de tener relevancia penal porque la Suprema Corte determinó su incompatibilidad con la libertad de expresión y si bien subsiste en algunas legislaciones es difícil superar los precedentes que ha sostenido el Máximo Tribunal.

     Claro que algunos tratan de justificar la molestia presidencial, por más que no estén de acuerdo en la forma como se manifestó, porque ven huecos graves y lamentables en lo publicado por los medios internacionales, que los hacen parecer estar más dispuestos a engancharse en animadversiones entre agencias estadounidenses y el gobierno de México, que en realizar una verdadera investigación periodística.

     Para algunos, los medios internacionales al parecer están comprando la agenda antilopezobradorista antes de dar “cuenta de una realidad compleja y cargada de claroscuros, para remitirse primordialmente a una divulgación de corte propagandístico”, escribió Zepeda, en su columna en la que además califica el reportaje de The New York Times como “una pieza de contenido cuestionable en términos periodísticos” por no haber indagado más lo que fuentes que el mismo diario considera no necesariamente confiables o por hacer inferencias que debieron verificarse antes de dejarlas en el terreno de la especulación.

     Ahora bien, en cuanto a si el presidente tiene razón en decir que ha sido calumniado, Gómez Mont dijo que en la calumnia el hecho atribuido debe ser falso; mientras que en la difamación puede ser cierto o falso, pero se difunde para afectar la honra o reputación.

     En México, la posibilidad de poder denunciar a los tres medios por haber calumniado o de demandar por difamación al presidente es, bajo los antecedentes jurídicos que ha venido defendiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, baja.

     Hoy, a diferencia de hace unas décadas, cuando acusar de calumnia y difamación era fácil porque así lo establecían las leyes, probar o ganar es muy difícil.

     “Nuestro sistema actual privilegia el derecho de libertad de expresión sobre los delitos de calumnia y la difamación”, dijo Gómez Mont. “No hay que inhibir la labor periodística y de investigación” como ocurría antes.

     Ante esto, los expertos consideran que es muy poco probable que el mandatario proceda legalmente contra ProPublica, InSight Crime o The New York Times, aun cuando hable de que ha sido calumniado o difamado. Incluso, el jueves sugirió a su hermano Pío no meterse en ese tipo de disputas legales luego que acusó al periodista Carlos Loret de Mola de difamación por haberlo supuestamente desprestigiado al mostrar imágenes en las que se le ve y escucha recibiendo dinero en bolsas de papel para financiar las campañas del actual mandatario.

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