De la cascada de reformas a leyes en el Senado, ¿cuáles importan más a las industrias?

3 de may. (Axis negocios) -- El Senado de la República vivió, hace unos días, uno de los cierres de sesiones más polémicos de los últimos años, en el que aprobó un listado de reformas --algunas de ellas consideradas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador-- como prioritarias.

     En dicho listado, que se perfila para ser impugnado por los partidos opositores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran algunos cambios que impactarán de manera relevante a ciertas industrias. La velocidad con la que fueron aprobados los cambios, incluso durante la madrugada y fuer del salón de plenos por disputadas al interior de las bancadas minoristas con las forma de proceder de la mayoría, hizo que en algunos casos pasaran las reformas ciertamente desapercibidas, y peor sin una valoración a fondo de las consecuencias que podrían tener los cambios. 

     En algunos casos como en el de la industria aérea o financiera, las reformas fueron tomadas con agrado por los participantes ya que les permitirán a las aerolíneas o a las bolsas de valores incrementar crecer sus operaciones y sus mercados si la implementación de los cambos es la correcta. En otros casos, sin embargo, como en el de la minería, lo aprobado no parece ser la mejor noticia para las compañías de dica actividad, en particular ante la falta de consenso no solo entre fuerzas políticas, sino con los propios empresarios que, de cierta manera, fueron parcialmente ignorados en el proceso de discusión de las iniciativas.

     A continuación, Axis negocios presenta algunas de las reformas a nivel legal que podrían incidir más en el desempeño económico general del país y en el desarrollo particular de algunas industrias. 

Reforma a la Ley Minera: En un inicio los cambios planteados eran más agresivos que los finalmente aprobados. Los planteamientos iniciales causaron un alto nivel de alerta en la industria. Al final, con las modificaciones acordadas, la industria y los legisladores cercanos a las actividades mineras ofrecieron un mayor respaldo a las reformas que finalmente fueron respaldadas por esos legiladores del partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y que habían manifestado su displicencia con la forma como se buscaba cambiar el marco legal para ese tipo de activides. 

     Entre los cambios propuestos y aprobados destaca la vigencia de las concesiones, que pasará de los 100 años actuales --distribuidos en dos periodos de 50 años cada uno--, a un total de 80 años, divididos en un periodo inicial de 30 años, una prórroga de 25 años y otros de 25 años más, pero a través de una licitación o concurso.

     Además, las concesiones serán entregadas para dos o más minerales --en vez de uno, como planteó el Ejecutivo-- salvo en el caso de aquellos reservados exclusivamente al Estado, como el litio. El número de minerales que podrán extraerse podrá incluso ser mayor si las autoridades del sector así lo determinan tras la solicitud de la compañía minera. También fue eliminada la propuesta de concesiones para la explotación de agua por un periodo de cinco años.

     Los cambios también contemplaron el pago de una contraprestación a las comunidades indígenas que habiten los terrenos de la concesión, de al menos 5% de los ingresos de los concesionarios antes de impuestos --en vez del 10% planteado por el Ejecutivo--. También contempla que las concesiones se otorguen mediante concurso público.

     Pese a los cambios, los principales actores de la industria y especialistas advirtieron de los riesgos para el sector, por lo que incluso se prevé que el asunto sea llevado a tribunales.

     “Consideramos que los cambios propuestos obstaculizarían la competitividad de la industria minera mexicana a mediano y largo plazo, ya que desalientan la exploración y explotación de minerales”, escribieron especialistas de GBM en un análisis.

     Pese a ello, los cambios ya fueron enviados al Ejecutivo para su promulgación.

     ¿A qué empresas mexicanas cotizadas en las bolsas de valores más interesan y afectan los cambios legales? A: Industrias Peñoles, Fresnillo, Grupo México, Minera Frisco y Minera Autlán.

Reforma a la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil: Una de las reformas más polémicas desde su presentación a finales del año pasado, ya que si bien buscaba avanzar en los requisitos presentados por las autoridades de aviación de Estados Unidos para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, que México perdió en 2021, también contempló el permitir el cabotaje a aerolíneas extranjeras, algo que generó un rechazo total de los principales actores de la industria aérea nacional.

     Tras ese rechazo, la propuesta de cabotaje fue retirada, lo que permitió la aprobación de los cambios legislativos encaminados a dotar de nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la entidad encargada de regular la aviación comercial en México, como es la asignación de slots, la emisión de reglas de tránsito aéreo y los programas de seguridad de los servicios de tránsito aéreo, entre otros.

     Con esos cambios, México se acerca a satisfacer los requerimientos de Estados Unidos para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea y que con ella reabrirá la posibilidad de que las líneas aéreas mexicanas puedan solicitar nuevas rutas vinculando ciudades estadounidenses con mexicanas y que hoy no pueden aún otorgarse al no contar México con un sistema de aviación seguro, desde el punto de vista de las autoridades estadounidenses.

     Dentro de la reforma también se contempló la creación de una aerolínea comercial operada por el Estdos, mediante la figura de asignación directa y que evita el tener que llevar a cabo un proceso de licitación. Esta última modificación fue cuestionada por los legisladores de oposición, ya que parece favorecer a las futuras compañías de aviación estatal, en caso de configurarse. 

     Los cambios fueron ya turnados al Ejecutivo para su promulgación.

     Las reformas aprobda favorecen a Volaris, la única aerolínea mexicana que cotiza en el mercado de capitales, así como a Grupo AeroMéxico que recientemente dejó de ser pública, y a Viva Aerobus.

     Al tener la intención de que las aerolíneas mexicanas recuperen la capacidad de modificar su oferta de rutas hacia Estados Unidos, los grupos aeroportuarios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y del Centro Norte (OMA), podrían beneficiarse por una mayor actividad de tránsito aéreo entre los dos países; aunque los títulos de estas empresas de infraestructura aérea no experimentarán grandes cambios en días recientes. 

Reforma a Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de Inversión: el objetivo primordial es la de incentivar la participación de empresas de menor tamaño --las llamadas pequeñas y medianas empresas-- en los mercados de valores, como una alternativa de financiamiento y que permita, al mismo tiempo, romper con la sequía de colocaciones que en los últimos años ha imperado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Bolsa Institucional de Valores (Biva), acrecentar de forma significativa el registro nacional de emisoras de capital.

    En concreto, con los cambios se permite crear esquemas de inscripción simplificados para que las empresas interesadas puedan acudir al mercado bursátil en busca de capital o deuda; al tiempo que dota de facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para determinar las características a cumplir por parte de las empresas interesadas.

     También se prevé la creación de la figura de fondos de inversión de cobertura, --conocidos internacionalmente como hedge funds-- como una alternativa más de inversión y financiamiento para las empresas.

     Aunque la reforma contó con el respaldo de los senadores y de los principales actores del sector, será hasta septiembre que sea analizada y discutida por la Cámara de Diputados.

Decreto por el que se extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: los senadores también aprobaron la extinción del organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que impulsa el desarrollo rural a través de financiamiento a productores y pequeñas y medianas empresas del sector.

     El proceso de extinción y liquidación estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá 180 días naturales una vez entrada en vigor la reforma. El liquidador único será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

     Días antes de su aprobación el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su desaparición era para combatir la corrupción dentro de la institución, así como generar ahorros y otorgar los recursos de manera directa a los agricultores. Hasta ahora no se conoce si a ese señalamiento de corrupción a seguido una demanda contra algún funcionario específico que sustente el argumento del presidente para ordenar la liquidación de esa entidad financiera estatal.

Otras reformas aprobadas

Además de dichos cambios, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevó a cabo cambios a la Ley del ISSSTE, para permitir a los trabajadores del Estado reestructurar, en unidades de medida de actualización (UMA) o pesos, sus adeudos de crédito de vivienda.

     También aprobó cambios a la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional la operación del Tren Maya de forma indefinida.

     También modificaron la Ley General de Salud para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e integrar sus funciones al IMSS-Bienestar; a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para la transformación del visio´n y misidón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); y a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas o Comprimidos, para imponer penas de hasta 15 años de cárcel a quien desvíe productos como el fentanilo.