Todo el temor que generaron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado por sugerir que podría revisar la concesión que tiene Teléfonos de México para ofrecer sus servicios de telefonía e internet, parecen exagerado.

Al menos eso piensa la empresa dueña de Telmex, América Móvil y no solo porque el mismo presidente dejó en claro ese día que no era la intención de su gobierno retirar concesiones, aunque podría revisarlas.

 La confianza del gigante de las telecomunicaciones de América Latina y controlada por el empresario más acaudalado de la región, Carlos Slim, está depositada en el hecho de que esa concesión ya fue renovada por 30 años más a partir de su vencimiento en 2026.

Para América Móvil la concesión, que renovó y aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT, con la venia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene ya su nueva fecha de expiración: 2056.

Claro que sí queda un detalle por resolver y que tendrá lugar en 2023, cuando IFT ---no el presidente López Obrador-- presentará a Telmex las condiciones y términos operativos de esa concesión para el periodo 2026-2056.

Aquí quizás podría intervenir el mandatario, presionando a IFT para que en ese título de concesión se incluyeran algunos compromisos sociales a Telmex, algo que Slim muy probablemente sepa negociar bien con el presidente, quien pocas veces lo ha criticado en público y a quien considera, sin revisar necesariamente las tarifas telefónicas que cobró cuando no tenía competencia o cuando tenía capturadas a las autoridades de la secretaría de Comunicaciones, como un empresario con conciencia social.

Más cuando Slim ha ofrecido pagar el costo total de la reparación de la Línea 12 del Metro que sufrió la ruptura de una trabe hace unos meses y que provocó la muerte de 26 personas. Ese tramo del Metro lo edificó una compañía filial del grupo industrial, Grupo Carso, también contralado por Slim.
 

Si alguien piensa que el futbol y el desarrollo inmobiliario nada tienen en común o están poco conectados, piense de nuevo.

El Mundial de Fútbol de 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México aún está lejos, pero quienes están ya planeando anotar un gol con la justa mundialista en el país son los desarrolladores inmobiliarios.

Más frente al reciente anuncio de Grupo Televisa en torno a que planea ampliar el Estadio Azteca, la catedral del futbol mexicano, emblema del país y una de las sedes de ese Mundial.

El proyecto de la cadena de televisión más grande de habla hispana en el mundo contempla no solo la expansión de esa sede futbolística, sino también la construcción de un centro comercial y un hotel.

Todo eso es un coctel irresistible para quienes están ya apostando que esos proyectos incrementarán muy probablemente la demanda de residencia en la zona llamada el Pueblo de Santa Úrsula Coapa, a un costado del Estadio Azteca, de acuerdo con estimaciones del portal inmobiliario Lamudi.

La zona, que arropa un pueblo de orígenes incluso prehispánico, fue golpeada aparentemente por la pandemia con una reducción de 46.6% en la demanda residencial en los primeros nueve meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2020. Pero hace ya algunos años que ha comenzado también a sufrir una transformación con la llegada de algunos nuevo edificios.

Claro que la llegada de esas nuevas edificaciones, junto con los planes de algunos para aprovecharla ante su cercanía al estadio, no significa que los planes estén exentos de sortear algunos obstáculos, como el posible rechazo por parte de los vecinos de la zona --mediante una consulta vecinal que incluso inició la semana pasada--.

Para nadie es un secreto que la relación entre los desarrolladores inmobiliarios y la administración de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no es necesariamente amigable o perfecta. Al contrario, enfrentó una serie de desencuentros al inicio de su gobierno en 2019 que fueron limados con el pasar de los meses, aunque con algunas condiciones a cumplir por parte de la iniciativa privada, como la de someter a consulta los grandes proyectos antes de llevarlos a cabo.

En la ciudad hay algunos ejemplos de oposición vecinal a megaobras, quizá el más emblemático es el que ha enfrentado Fibra Uno, el mayor fideicomiso especializado en la administración de bienes raíces en el país, con el Pueblo de Xoco, por la construcción de su rascacielos y centro comercial, conocido como Mítikah.

Los proyectos residenciales cercanos al Estado Azteca y sus futuras nuevas amenidades, podrían enfrentar algo similar.
 

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Fernanda Celis
Directora Editorial Newsletter AXIS
Especialista en Negocios y Finanzas.