Reforma relacionada con maíz transgénico abre puerta a interpretaciones

7 de feb. (Axis negocios) -- Los legisladores y sus comisiones tendrán que trabajar en revisar y aclarar la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está relacionada con la prohibición del maíz genéticamente modificado para consumo humano y siembra, un asunto complejo desde el entendido que es un tema objeto de disputa con Estados Unidos en el marco del acuerdo de libre comercio entre las naciones.

     La propuesta, que también contempla el reconocimiento del maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional, está falta de especificaciones y es muy genérica en lo relacionado con el consumo humano, de acuerdo con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

     “El decreto de febrero del 2023, en el que se estableció la prohibición del uso de maíz para harina y masa para tortilla, era más clara [la medida], pero aquí lo dejan abierto a consumo humano. En consumo humano también pueden existir otros productos como jarabes, aceites y muchos más que se hacen con el maíz vía industrial, que, de acuerdo con el decreto del 2023, sí se permite el maíz amarillo genéticamente modificado para el consumo pecuario y agroindustrial, entonces tendrán que trabajar los legisladores en enderezar la iniciativa cuando habla de consumo humano”, dijo Anaya.

     Además de los expertos ya hay algunos legisladores, como Rubén Moreira, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, que consideran que al menos parte de las iniciativas de reformas presentadas tienen deficiencias y fallas en su contenido. No se refirió expresamente a la iniciativa relacionada con el medio ambiente, sin embargo adelantó que algunas no contienen impacto presupuestal o contienen oficios de artículos inexistentes.

     La iniciativa presentada por el mandatario a la Cámara de Diputados junto con un paquete amplio de propuestas polémicas reforma el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional, para reconocer que, en su calidad de alimento básico y elemento de identidad nacional, el maíz para consumo humano debe estar libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas.

     “De igual forma, se reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 27 constitucional, para garantizar que el Estado fomente la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificadas”, añade la iniciativa de reforma presentada el 5 de febrero.

     No es claro qué afectaciones podría generar en los distintos participantes del mercado de maíz, como los productores pecuarios o los productores de harina. Empresas como Gruma o las asociaciones mediante las cuales defienden sus intereses, como la Asociación Mexicana de Semilleros, no se han pronunciado al respecto.

     La iniciativa llega luego de que el gobierno mexicano publicó en febrero de 2023 el decreto que prohíbe el maíz genéticamente modificado específicamente para el proceso de masa y harina para tortilla, categorías contempladas dentro de la alimentación humana.

     “En cuanto al uso de maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto”, indica el decreto publicado a inicios del año pasado.

     En México, el consumo de maíz asciende a 328 gramos diarios en tortillas, de acuerdo con datos que contiene la propia iniciativa del gobierno. 

     Actualmente, el gobierno mexicano mantiene un panel de controversias a través del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, ya que solicitan a México que muestre científicamente que el maíz genéticamente modificado daña la salud humana, animal y ambiental.

         “El enfoque de México hacia la biotecnología. . . va en contra de la evidencia de décadas que demuestra su seguridad, y el riguroso sistema de revisión regulatoria basado en la ciencia que garantiza que no representa ningún daño para la salud humana y el medio ambiente”, dijo en su momento la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

     Para Anaya, de GCMA, la iniciativa genera mayor incertidumbre a la relación comercial con esos socios comerciales.

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