Mayor déficit en Paquete Económico 2024 reaviva debate sobre reforma fiscal en México

11 de sep. (Axis negocios) -- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó en el Paquete Económico 2024 un aumento del déficit público a niveles no vistos en más de 30 años, situación que no solo generó debate entre quienes consideran que hay espacio para endeudarse tras cinco años de prudencia financiera y quienes ven presión en las finanzas, sino que también reavivó la discusión sobre la necesidad de una reforma a las leyes fiscales.

     El déficit de 4.9% del producto interno bruto que la Secretaría de Hacienda proyecta para el año próximo no solo es el mayor en más de tres décadas, sino que va acompañado de un aumento de 7.8% en el gasto frente al monto estimado para 2023, ya que ascendería a poco más de nueve billones de pesos, mientras que los ingresos crecerían a un menor ritmo para ubicarse en 7.3 billones de pesos, o 0.8% más que este año.

     La brecha entre ingresos y gastos, lógicamente, tendrá que cubrirse con un mayor endeudamiento, de ahí que Hacienda prevé que los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicarán en 5.4% del PIB, frente al 4% aprobado para 2023, una diferencia de 511.7 miles de millones de pesos.

     Para los economistas, si bien el repunte del déficit no es grave ni implica que habrá un desequilibrio fiscal durante el último año del sexenio de López Obrador, sí podría reducir el margen de maniobra para quien lo suceda en la Presidencia, ya que tendrá menos recursos disponibles para gastar y, por ende, podría elevar aún más la deuda, lo que a su vez abriría la puerta a una reforma fiscal que permita una mayor recaudación, eleve los ingresos y evite un endeudamiento excesivo.

     “Ante la previsible fragilidad en las finanzas públicas en los próximos años por las presiones derivadas de los programas sociales, el continuo apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, el costo financiero de la deuda y el pago de pensiones públicas, será necesario que el siguiente gobierno diseñe e implemente una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios”, dijeron Arnulfo Rodríguez y Carlos Serrano, economistas de BBVA México, en un reporte. “Sería aún más deseable que esta reforma fuera de gran calado, buscara reducir la informalidad y contemplara una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público”.

     El debate sobre una reforma fiscal no es nuevo, ya que las presiones sobre las finanzas han crecido desde que el exmandatario Enrique Peña Nieto publicó la última reforma hacendaria en el país en 2014, cuya intención era elevar los ingresos públicos con nuevos impuestos, entre ellos a la comida chatarra, los refrescos y otros rubros.

     Pero desde que López Obrador llegó a la presidencia en 2018, descartó implementar una iniciativa de este tipo en su sexenio, pues prometió no crear otras contribuciones ni subir las existentes, sino hacer más eficiente la recaudación.

     A 10 años de la última reforma fiscal, hay analistas que consideran que el Paquete Económico 2024, tal como está planteado, refleja un deterioro de los balances públicos y una situación que, de persistir, será insostenible para las arcas del gobierno, por lo que es probable que la siguiente administración deba afrontar la tarea de reformar las leyes hacendarias.

     “La nueva administración va a empezar con bases más débiles, con un déficit público mayor, pero también con menores recursos, porque los fondos y fideicomisos que existían para solventar algún problema, prácticamente ya están vacíos”, dijo Víctor Ceja, economista en jefe de Valores Mexicanos o Valmex, en entrevista telefónica.

     El experto coincidió en que la reforma fiscal es necesaria y agregó que posiblemente se promoverá en los primeros dos años del próximo gobierno, que es cuando el Ejecutivo suele gozar de mayor aprobación y puede impulsar un tema que de por sí es controversial, pues implica una mayor carga para los contribuyentes.

     “Después de los dos primeros años [del siguiente sexenio] se habrán disipado las posibilidades de una reforma tributaria y ya no será tan viable”, dijo Ceja. “Entonces se pasaría hasta la siguiente administración”.

     Por tiempos electorales y ante una marcada falta de voluntad para llegar a acuerdos entre el gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, por un lado, y la liga de partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Industrial (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) por el otro, tampoco se esperarían grandes cambios en la actual legislatura, por lo que habría que esperar al próximo año para conocer la composición del Congreso de la Unión y así definir si hay condiciones para una reforma de este tipo.

     Otros creen que las autoridades sí deben impulsar cambios en materia fiscal, aunque no por el lado de la recaudación tributaria, sino del gasto que realiza el gobierno.

     “La narrativa [de una mayor recaudación] sufre de un error grave: ignora, para empezar, que el tamaño y la composición del gasto público actual está lejos de satisfacer las normas elementales de eficiencia y equidad”, dijo Everardo Elizondo, profesor de Economía en EGADE, Business School y el Tecnológico de Monterrey, en una columna publicada en Reforma. “Así pues, es cierto que es necesario pensar en una reforma fiscal, pero hay que iniciarla por el lado de las erogaciones, no de los ingresos”.

     Sea cual sea el enfoque, los analistas creen que los cambios en la política fiscal son necesarios para evitar no solo un desequilibrio en las finanzas, sino también que el aumento sostenido del déficit conduzca a una eventual rebaja en la calificación soberana de México, que actualmente se ubica en ‘BBB-’ con perspectiva estable por parte de la agencia Fitch Ratings --un escalón arriba del grado de inversión--, mientras que Standard & Poor’s la fijó en ‘BBB’ y Moody’s en ‘Baa2’ --dos peldaños arriba en ambos casos.

     Ceja dijo que la referencia para un posible ajuste de las agencias calificadoras sería un déficit público cercano a 7% del PIB, una situación que hoy aún se vislumbra lejana.

     Por su parte, las autoridades del país defendieron las proyecciones del Paquete Económico, pues lo ven como un plan responsable que, además, tiene el objetivo de fortalecer la recaudación de impuestos, a través de acciones para simplificar el marco tributario y reducir la evasión fiscal.

     “No hay bomba de tiempo”, dijo Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, en una publicación de X (antes Twitter). “En 2025, cuando los proyectos de infraestructura terminen, aunado al espacio que dará el crecimiento nominal del PIB, el déficit volverá a una senda normal, en ausencia de cambios al escenario o una política explícita de la próxima administración”.

     Independientemente de la visión que tiene la Federación, para las calificadoras, entre ellas Moody's Investor Service, la estructura del gasto de México se ha vuelto cada vez más rígida por la decisión de apoyar a Pemex, el incremento de las pensiones, las inversiones en los grandes proyectos y el pago de intereses, dinámicas que "restarán espacio fiscal al gobierno en adelante".

     "El aumento en la carga de intereses, tanto respecto al PIB como a los ingresos del gobierno, está presionando cada vez más la fortaleza fiscal del soberano en comparación a sus pares de calificación", escribió Renzo Merino, analista soberano de Moody's para México, en un posicionamiento. "Aun cuando puede que el gasto de inversión se reduzca una vez que se completen los proyectos emblemáticos, los gastos corrientes como las pensiones serán difíciles de ajustar a la baja, sobre todo por temas sociopolíticos".

     Para Merino, la próxima administración federal tendrá que afrontar retos fiscales y coincide con los analistas en la necesidad de considerar una reforma tributaria que les permita recuperar "espacio fiscal perdido".