México ante primer panel en materia laboral por conflicto en mina de Grupo México

22 de ago. (Axis negocios) -- El gobierno de México enfrenta el primer panel de respuesta rápida en materia laboral dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido aquí como T-MEC, por el conflicto vigente desde 2007 en la mina San Martín, operada por el gigante del sector Grupo México.

     La instalación del panel, previsto en el acuerdo como Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, fue solicitada por el gobierno estadounidense a través de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

     "La acción de hoy refleja nuestro compromiso de buscar remedios para los trabajadores utilizando todas las herramientas que ofrece el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá", dijo la subsecretaria adjunta de Asuntos Laborales Internacionales, Thea Lee, citada en un comunicado.

     Tras el anuncio, el grupo minero dijo que la realización del panel es una oportunidad para poner fin al conflicto laboral que aqueja a la mina desde el 2007. El gobierno de México, en tanto, aún no confirmó la notificación por parte del gobierno estadounidense.

     El panel laboral derivó de la solicitud hecha por el gobierno de Estados Unidos a mediados de junio, para que las autoridades mexicanas revisaran si los trabajadores de la mina localizada en el municipio de Sombrerete, Zacatecas y controlada por Grupo México a través de su filial Industrial Minera México, sufrían la denegación de sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

     Quienes a su vez solicitaron la intervención del gobierno de Estados Unidos fueron los sindicatos American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) y United Steel Workers (USW), dos de las organizaciones sindicales más grandes de Estados Unidos y cercanas al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que representa a los trabajadores de la mina y está dirigido por el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gómez Urrutia, un personaje profundamente confrontado con el gigante minero.

     En la petición, las tres organizaciones sindicales acusaron a Grupo México, propiedad del magnate mexicano Germán Larrea, de reanudar la actividad en la mina pese a la existencia de una huelga en curso, además de participar activamente en negociaciones colectivas con una coalición de trabajadores ajena a la representación laboral legal de los mineros de San Martín.

     Los trabajadores de la mina estuvieron en huelga desde 2007, y la reactivación de operaciones ocurrió en agosto de 2018, luego de la celebración de unas votaciones en las que, de acuerdo con Grupo México, los mineros decidieron renunciar a la representación de la organización sindical liderada por Gómez Urrutia.

     Luego de varios recursos legales, en junio de este año la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo en el que resolvió en definitiva la existencia de la huelga.

     Tras la solicitud de revisión por parte de las autoridades estadounidenses, Grupo México dijo que la mina opera por decisión libre y mayoritaria de los trabajadores, y acusó a Gómez Urrutia de buscar desviar la atención del fallo dictado en 2022 por las autoridades laborales del país y que lo obliga a pagar 55 millones de dólares a un grupo de trabajadores por la venta de un interés de 5% de la mina Cananea, en Sonora, adquirida por Grupo México.

     “Gómez Urrutia presentó dicha queja. . . [para] mostrar que es capaz de generar conflictos y presionar para obtener un nuevo espacio político, al término de su periodo como legislador, y mantener así el respectivo fuero que lo protege de acciones legales derivadas de las imputaciones de incumplimientos y delitos que enfrenta”, dijo en ese momento la compañía.

     El gobierno de México, por su parte, dijo a principios de este mes que el conflicto de la mina San Martín está fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contemplado en el T-MEC, por lo que se resolverá en instancias judiciales nacionales.

     Para las autoridades mexicanas, el conflicto de huelga inició en 2007 y ello, junto con los demás hechos denunciados por las organizaciones sindicales en su petición, ocurrieron antes de la entrada en vigor del acuerdo comercial. Además, la Secretaría de Economía determinó que "no existe evidencia de que dicha mina exporte mercancías a Estados Unidos".

     Francisco Udave, socio del área laboral en el bufete Santamarina Steta, considera que el mecanismo al que se pegó Estados Unidos por la Mina San Martín difiere de otros procesos.

     “El tema de Grupo México es un poco diferente. Es un tema técnico”, dijo el abogado. “La situación de esa mina no es nueva, tiene ya un buen rato. . . este procedimiento empezó antes de que se establecieran todos estos mecanismos nuevos”.

     Ahora, el panel --que estará conformado por tres integrantes: uno propuesto por la parte reclamante, otro por la parte demandada y un tercero de ninguna de las nacionalidades implicadas-- contará con un plazo de cinco días hábiles tras su conformación para solicitar el gobierno mexicano realizar una verificación in situ en la mina, que debe ser realizada dentro de 30 días tras la solicitud. El panel contará con 30 días más para dar una determinación.

     La solicitud del primer panel laboral ocurre también a unos días de que el gobierno de México rechazó revisar la supuesta denegación de derechos laborales en la planta de Grupo Yazaki localizada en León, la ciudad más grande de estado de Guanajuato, a petición también del gobierno estadounidense.

     Desde la entrada en vigor del T-MEC y Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, Estados Unidos ha solicitado su activación en 13 ocasiones, todas con resolución favorable para las partes implicadas salvo Yazaki y ahora Grupo México.

      Ante ello, la Secretaría de Economía pidió en julio un uso “razonable” del mecanismo, sin buscar que sea un reemplazo a las instituciones nacionales.

     “México planteó a Estados Unidos la preocupación de que todos los casos que presenten, estén debidamente fundamentados, que la supuesta denegación de derechos sindicales haya ocurrido tras la entrada en vigor del T-MEC y que exista una relación comercial entre la planta en cuestión y el país demandante”, dijo en aquella ocasión la dependencia en un comunicado.