En compra de 13 plantas de Iberdrola, sector privado juega aún rol --aunque menor

5 de abr. (Axis negocios) -- En el anuncio de la compra que hará en breve el gobierno de 13 plantas de generación eléctrica propiedad de la empresa española Iberdrola, las autoridades gubernamentales, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mostraron cierta euforia al hablar de que con la transacción el gobierno recuperaba activos y capacidad de generación que había ido perdiendo con la gradual apertura de la industria a los capitales privados a lo largo de las últimas décadas.

     El mismo presidente equiparó la compra a una “nacionalización” ya que con las nuevas plantas el gobierno alcanzará 55% de la actual capacidad de producción eléctrica de la nación.

    “Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por [nuestra empresa estatal eléctrica]. . . Esta es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, dijo López Obrador, en un video de la reunión que tuvo con miembros de su gabinete y ejecutivos locales y globales de Iberdrola.

     Si bien el adjetivo que empleó el presidente para describir la operación parece exagerado, dado que el resto de la producción eléctrica en el país, de cerca de 45%, permanecerá en manos privadas, resulta quizás más impreciso si se toma en cuenta que un jugador clave en la transacción será la empresa privada Mexican Infrastructure Partners (MIP), que se dedica a operar cinco fondos de inversión privados, los cuales invierten a su vez en proyectos de infraestructura y de energía; además de que también administra dos fideicomisos invertidos en bienes raíces, o fibras.

     La compra incluso se hará a través de esta compañía.

     Claro, MIP no utilizará sus recursos para que el gobierno se haga de los activos. Esa labor, de acuerdo con Iberdrola, la realizará la entidad gubernamental Fondo Nacional de Infraestructura, o Fonadin, y los bancos de desarrollo del país, como podrían ser Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) o Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), entre otros.

     MIP, contra lo que podría pensarse, sí tendrá responsabilidades ya que será la entidad que reciba todo el fondeo para proceder a hacer la adquisición y será además quien vigile que el uso de las plantas por parte de la empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE) --a través quizás de un arrendamiento--, sea apropiado. Esas responsabilidades no necesariamente estarán alineadas con un fin de rentabilidad óptimo, por el compromiso gubernamental de no subir las tarifas eléctricas al consumo por arriba de la inflación, pero sí para que esas plantas puedan al menos cubrir los intereses de la deuda que asuma el vehículo que creará la firma con Fonadin para financiar la compra, más la comisión de administración que probablemente cobrará por estructurar, ejecutar y administrar la compra y arrendamiento de las plantas que adquirirá el gobierno de Iberdrola.

     “MIP financiará la transacción con fondos de instituciones públicas mexicanas. Aproximadamente, 40% de la transacción se financiará a través del patrimonio del Fonadin, que es el Fondo Nacional de Infraestructura, y 60% restante será financiado por la banca de desarrollo local y luego se incorporará la banca comercial privada”, dijo José Sainz Armada, director de finanzas, control y desarrollo corporativo de Iberdrola, en una conferencia con inversionistas y analistas para revisar la racionalidad de la venta de 13 plantas en México al gobierno.

     Las autoridades mexicanas, en la secretaría de Hacienda y Crédito Público, a diferencia de los ejecutivos de Iberdrola, declinaron dar más detalles de la estructura financiera de la operación, indicando que los brindarán más tarde; mientras que MIP, que tiene 3.3 mil millones de dólares en activos bajo administración y que fundó y encabeza el exsubsecretario de Hidrocarburos del gobierno del presidente Felipe Calderón, Mario Gabriel Budebo, pidió dirigir todas las preguntas a las autoridades gubernamentales mexicanas. No es claro, así la comisión que cobrará la empresa manejadora de fondos por su participación en la adquisición y administración de los activos de Iberdrola. 

    Claro que con MIP como jugador clave en la estrategia gubernamental de compra de las plantas eléctricas, la pretensión de que la operación sea una transacción netamente estatal o “nacionalizadora” queda desdibujada.

     “Es importante destacar que, a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales y la gestión del fideicomiso será privada, ajena al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, escribió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en un análisis de la operación. “Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica”.

     Ahora bien, para los propósitos de López Obrador, los detalles finos de la operación no representan obstáculo para que él pueda políticamente hablar de una nacionalización y así seguir alimentando y sustentando su visión de revertir lo implementado por gobiernos anteriores en materia de liberalismo económico, un modelo económico que si bien modernizó a México también engendró, desafortunadamente para muchos, altos niveles de corrupción y desigualdad social por una aplicación parcial del mismo.

     Frente a esos efectos secundarios del llamado neoliberalismo económico, el presidente ha logrado convencer a millones de mexicanos que es bueno dar vuelta en U para retornar a un modelo económico más estatista y donde el gobierno dirija más la economía. Claro, sin que esto tampoco garantice, como quedó demostrado antes del periodo neoliberal, durante los gobiernos del hoy partido opositor, Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ese modelo, con un Estado dirigente o controlador, vaya a dar los resultados que la sociedad mexicana espera en materia de igualdad y avance económico, o que incluso vaya a desterrar la corrupción.

     Algunos analistas consideran que el brinco en la participación en el mercado de la generación eléctrica que podrá presumir el gobierno de López Obrador, de 39 a 55%, será quizás suficiente para aliviar las tensiones de su gobierno con los participantes privados en la industria que han plagado al sector desde la llegada del actual gobierno a finales de 2018. Al alcanzar la meta que él fijo al inicio de su gobierno en cuanto a la capacidad generadora que debería tener CFE, o indirectamente el gobierno, del mercado de la generación de electricidad, tanto el mandatario como el director general de CFE, Manuel Bartlett, un defensor a ultranza de las empresas estatales de energía, podrán quizás ya “relajarse” del enfado que tienen por la apertura del sector energético a los capitales privados que logró ya de manera formal el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 con una reforma constitucional y podrán quizás dar así más espacio a los generadores privados en el país.

      Esto porque la transacción no incrementa la capacidad eléctrica de México, que es una necesidad que se está volviendo cada vez más relevante ante el crecimiento poblacional y la llegada de muchas plantas industriales a territorio nacional por el fenómeno de la “reubicación cercana” o nearshoring.

     La mudanza de manufacturas a sitios más cercanos a los centros de consumo, como es México en relación con Estados Unidos --el mayor mercado del mundo--, la produjo la pandemia de la covid-19 al interrumpir las cadenas de suministro y generar problemas de logística. Además, ese fenómeno de relocalización se ha visto reforzado recientemente por las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China, que podrían volver a distorsionar los suministros y frente a lo cual algunas empresas empiezan a reubicar sus plantas para evitar este tipo de problemas en el futuro.

     En cuanto a la capacidad de Fonadin para poder pagar las plantas eléctricas de Iberdrola, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha divulgado que ese fideicomiso contaba con 56 mil 40 millones de pesos (tres mil 29 millones de dólares) al cierre del año pasado, o un monto suficiente para cubrir los dos mil 400 millones de dólares de capital (40% del valor de la transacción) que tendrá que invertir para hacerse de los activos de la firma española.

     El resto de los recursos, tres mil 600 millones de dólares, los prestarán los bancos de desarrollo a MIP para que cierre la operación.

     Los recursos de Fonadin provienen de diversas fuentes, aunque la mayoría son de deuda que ha emitido el fideicomiso en los mercados de valores mexicanos en los últimos tres años. Por ejemplo, el Fondo recabó más de 23 mil millones de pesos (mil 243.2 millones de dólares) con la venta de dos bonos denominados en unidades de inversión, o udis, a 20 y 30 años en agosto del año pasado.

     También hay cuestionamientos del precio que el gobierno de México, a través de Fonadin, aceptó pagar por las 13 plantas eléctricas. Para algunos las autoridades mexicanas pagaron un sobreprecio por activos usados, aunque --claro-- el tiempo para edificar 13 plantas sería un factor contrario a los planes del gobierno de tener 55% de la participación de generación eléctrica en el país cuanto antes y que pudo influir en su decisión de aceptar pagar más por activos en operación con aún varios años de vida útil.

     “El precio de compra queda en poco más de 700 USD/kW por plantas funcionales pero viejas --el 50% de la capacidad adquirida entró en operación antes del 2007”, escribió Jorge A. Castañeda Morales, en su columna en el periódico El Economista, en al precio en dólares por kilowatt hora. “Las centrales más recientes han tenido un costo de aproximadamente 680 USD/kW. Se va a pagar más por centrales menos eficientes y viejas que lo que cuestan las más eficientes del sistema”.

-- Ricardo Garduño colaboró en la elaboración de esta historia.