López Obrador y Kerry muestran sus cartas sobre cambios energéticos que pretende México

1 de abr. (Axis Negocios) -- John Kerry, el representante de Estados Unidos para asuntos en materia de cambio climático, viajó esta semana a México para entrevistarse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que podría ser considerada una de las reuniones más relevantes para discutir y hacer contrapeso a los cambios en materia energética que pretende materializar el mandatario.

     Si bien el presidente de México ha dicho en múltiples ocasiones que su intención con reformas como la eléctrica es buscar la soberanía energética y reposicionar a las energéticas estatales, Kerry, un político de alto rango dentro de la estructura de las administraciones demócratas, dijo que la intención de la Casa Blanca con su visita es poner sobre la mesa ideas de cómo mejorar la reforma, no obstante, dejó en claro que, de mantenerse la redacción actual de la propuesta, habrá una respuesta por parte de Washington, en defensa de las inversiones estadounidenses en el país.

     “Nuestra representante comercial, la embajadora Katherine Tai, escribió una carta dejando claro que la redacción actual de la reforma es problemática”, dijo al diario Reforma el funcionario tras el encuentro en el que también estuvieron empresarios y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. “Que amenaza con violar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que provocaría una clara respuesta de nuestro proceso comercial. Esperamos que esos problemas sean resueltos antes de que salgan a flote”.

     Tras la discusión del jueves por la tarde en Palacio Nacional, que representa la segunda visita del ex secretario de Estado en la administración del presidente Barack Obama, el gobierno de López Obrador compartió en un decálogo en el que, entre otras cosas, asegura que la actual administración respetará los permisos de importación de cinco petroleras para introducir combustible, bajo condiciones de precios justos y legalidad, de lo contrario, podrían revocar los permisos.

     El gobierno Federal también dejó en claro que México ya no recibirá nuevas solicitudes y permisos a trámite con la intención de lograr la autosuficiencia energética de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

     En cuanto al sector eléctrico, el decálogo incluye que las empresas puedan invertir en instalaciones portuarias para exportar gas o acuerdos conjuntos de producción.

     La actual administración defendió también su intención de contribuir a enfrentar el cambio climático, pues, de acuerdo con especialistas, la reforma representaría complicaciones en materia ambiental.

     De acuerdo con estimaciones del Laboratorio Nacional de Energías renovables de los Estados Unidos, citadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cambiar el despacho de mérito económico por uno que favorezca a las plantas de CFE, podría incrementar entre 26.1% y 65.2% las emisiones de dióxido de carbono anuales de en el país.

     “Ayer estuvimos con el señor Kerry y el embajador de Estados Unidos en México, con empresarios, y se les explicó el porqué de esta iniciativa, y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas”, dijo López Obrador en el encuentro que tiene por las mañanas con medios.

     Para muchos especialistas esa propuesta revertiría parcialmente la apertura del sector eléctrico a los capitales privados --nacionales y extranjeros-- que se logró con la reforma constitucional que propuso y logró aprobar la administración de Enrique Peña Nieto.

     Con la propuesta de López Obrador, los capitales privados estarían ahora sujetos a los designios de la CFE, lo que para muchos limitaría el interés de invertir en el país. La reforma que empuja el mandatario propone que esta empresa productiva del Estado aumente su participación de 35% a 54%, mientras que el restante 46% quedaría en manos del sector privado.

     La iniciativa también plantea la desaparición de reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

     Con la iniciativa de reforma, México podría incumplir compromisos como la participación en igualdad de circunstancias por parte de las empresas, así como la existencia de órganos imparciales y los relacionados con el medio ambiente, que están establecidos en el actual T-MEC y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico o TPP-11, coincidió Beatriz Leycegui, socia en SAI Derecho & Economía, de servicios legales y asesoría estratégica y de inteligencia comercial en asuntos de comercio internacional,  durante una presentación en marzo del documento Análisis de la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Energética del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

     Por otra parte, el gobierno abordó en la reunión que empresas como Sempra, de infraestructura energética con sede en California, y otras que tienen acuerdos con CFE y contratos de transporte en gasoductos podrían invertir en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde hay terrenos y puertos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa.

     En 2019, la actual administración y empresas norteamericanas junto con Carso Gasoducto Norte, de Carlo Slim, protagonizaron un pleito por la construcción de gasoductos, que concluyó en la renegociación de contratos alcanzados en tiempos de Peña Nieto, y que López Obrador calificó de “leoninos”.