Acuerdo para controlar precios de gasolina implica riesgos, advierten expertos

28 de feb. (Axis negocios) -- El acuerdo alcanzado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la mayoría de los participantes del sector gasolinero para establecer un precio límite para la gasolina de bajo octanaje --la más consumida en el mercado doméstico--, lo que generó críticas sobre sus implicaciones negativas, las cuales podrían ser mayores a los beneficios que busca generar, de acuerdo con especialistas.

      La mandataria firmó el jueves en Palacio Nacional un acuerdo con representantes del sector gasolinero para establecer en 24 pesos por litro el costo máximo para el combustible de bajo octanaje o regular, por un periodo inicial de seis meses, aunque con la posibilidad de ampliarse.

     “El objetivo del acuerdo que se firmó ayer es proteger la economía familiar, proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas”, dijo Luz Elena González, secretaria de Energía federal, en la conferencia matutina de la mandataria. La presidenta “había visto un fenómeno que era inaceptable: en algunos lugares, de manera generalizada, se estaban incrementando los precios, a pesar de que el gobierno de México ha mantenido una estrategia” para mitigar las fluctuaciones.

     Además de la dependencia encabezada por González, estuvieron involucradas en este plan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria, y en el arranque participan 16 grupos gasolineros de todo el país, aunque la cifra podría aumentar en los próximos días.

     La gasolina es el tercer bien con mayor influencia en la formación del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, lo que significa que es uno de los productos clave en la inflación.

     Desde finales de 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retomó el programa de estímulos fiscales para el cobro de la gasolina mediante una reducción del IEPS que debería recabar. En este marco, para esta semana el gobierno renunciará a 7.15% del IEPS para gasolina regular, no obstante, las autoridades consideraron que esta medida no ha generado beneficios claros para los consumidores finales.

     Recientemente, un análisis del IMCO detectó que del precio promedio a nivel nacional de gasolina regular, o de menos de 91 octanos, fue de 24.27 pesos por litro al cierre de enero. De ello, 11.4% corresponde a Impuesto al Valor Agregado (IVA); 18.6% a costos de logística y ajuste por calidad y margen de ganancia de los mayoristas; el 24.5% al Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) y 45.4% al precio internacional de referencia.

     Si bien con el acuerdo representará un respiro a los consumidores finales, organizaciones como México Evalúa cuestionaron los costos que implicará su entrada en vigor --prevista para el 3 de marzo-- y los retos que representa para todas las partes involucradas.

     Un ejemplo de ello es el costo logístico que asumirá Petróleos Mexicanos, el principal proveedor de hidrocarburos del país. Las autoridades explicaron que la empresa pública del Estado facilitará la distribución de última milla y mantendrá un precio único para las terminales de almacenamiento de distribución.

     Sin embargo, “el problema es que Pemex tiene muchas presiones financieras, y no se sabe si podría invertir en esta optimización”, dijo Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, en un video compartido en redes sociales, en el que destacó que el acuerdo también implicará que los gasolineros sacrifiquen sus márgenes de ganancias.

      Para la organización no gubernamental, el acuerdo también es violatorio a las leyes de competencia económica, las cuales contemplan mecanismos para establecer controles de precios en situaciones excepcionales.

     La administración de la presidenta Sheinbaum descartó que el acuerdo se trate de un control de precios, ni mucho menos una medida coercitiva para los participantes de esta industria. 

     “No se trata de un control de precios, no se trata de establecer de manera coercitiva un control de precios, es una decisión colectiva entre el gobierno y el sector empresarial”, dijo Luz Elena González, la secretaria de Energía federal, en la conferencia matutina diaria.

      Pero las inquietudes sobre el acuerdo también provinieron del mismo gremio gasolinero, representado por Onexpo Nacional, que enfatizó la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de las estaciones de servicio, por lo que apuntó una serie de puntos a considerar para su aplicación, entre los que destaca el combate al mercado ilegal de combustibles, actividad conocida como huachicoleo.

      También hizo un llamado a establecer mecanismos claves para identificar cuando los costos de operación superen los ingresos de las estaciones de servicio; la creación de una ventanilla única para la agilización de trámites y evitar la sobrerregulación del sector; la definición de rangos “justos” en las comisiones por pagos con tarjetas bancarias y otros medios electrónicos.

     “En general, Onexpo expresa su disposición para colaborar en la implementación del acuerdo y reafirma su compromiso de contribuir a la estabilidad económica y social del país, destacando los principios de transparencia, honestidad y equidad”, señaló la organización en un comunicado. “La colaboración con las autoridades en el análisis y ajuste de políticas será clave para el éxito de este tipo de acuerdos”.