López Obrador busca reformas al Poder Judicial en respuesta a revés a reforma electoral

9 de may. (Axis negocios) -- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de invalidar la primera parte de las reformas en materia electoral, revivió las intenciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de llevar a cabo una reforma constitucional al Poder Judicial antes de finalizar su mandato, el próximo año.

     La reforma, que plantearía la elección mediante voto de los ministros del máximo tribunal de justicia tal como sucede con el presidente y los integrantes del Congreso de la Unión, será presentada en septiembre de 2024, luego del proceso electoral que renovará la presidencia de la república y los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores.

     “Ya me di cuenta de que hace falta [la reforma al Poder Judicial]”, dijo el mandatario a reporteros en Palacio Nacional. “Esa es una iniciativa que voy a enviar, pero primero pues hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, dos terceras partes”.

     La reforma constitucional es solo una de las varias reformas que el mandatario planea enviar al renovado Congreso de la Unión un mes antes de finalizar su periodo en la presidencia, en octubre del próximo año. Otra de ella es la que busca otorgar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

     Para ello, López Obrador hizo un llamado a sus simpatizantes para votar en la próxima elección federal no solo por el candidato presidencial de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sino también por los candidatos que presente junto con sus aliados políticos para ocupar posiciones en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

     El planteamiento del presidente parecería ignorar el habitual desgaste que enfrenta el partido en el poder al intentar revalidar cargos de elección popular en las elecciones subsecuentes, como ya sucedió en la elección intermedia de 2021, cuando si bien conservó la mayoría simple en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, no logró sumar los legisladores necesarios para aprobar las reformas constitucionales de gran calado que buscaba aprobar a partir de la segunda mitad de su mandato.

     Es probable que el mandatario base sus estimaciones en los niveles de popularidad que muestra en las encuestas, y que a marzo de este año lo posicionan con una aprobación de 64%, frente a 33% de desaprobación, de acuerdo con las encuestas compiladas y certificadas por el portal Oraculus.mx.

     La estrategia, llamada por el propio mandatario como “Plan C” --en referencia al “Plan B” electoral, que a su vez fue nombrado así luego de que su iniciativa de reforma constitucional en la materia no alcanzó la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso-- ya es impulsada por funcionarios, legisladores y simpatizantes del gobierno de López Obrador.

     Pero no todos coinciden con la posibilidad de abrir la elección de ministros y demás cargos del Poder Judicial a la elección popular, como sucede en otros lugares, como algunos estados de Estados Unidos. Es el caso de Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

     “La autonomía e independencia del poder judicial es una garantía constitucional”, dijo la también exsecretaria de Gobernación, a reporteros. “Estos jueces electos no tienen la independencia y autonomía, porque se deben a quienes les financiaron las campañas, a quienes los apoyaron, a los electores”.

     Claro que no es la primera ocasión en que el presidente López Obrador plantea la posibilidad de reformar al Poder Judicial, el cual considera corrupto y que opera en función de los intereses de lo que él llama “minoría rapaz”.

     Incluso externó su visto bueno a la propuesta presentada por Morena, que buscaba ampliar por dos años más el mandato del entonces ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien consideró durante un tiempo como el indicado para concretar los cambios a dicho poder. Finalmente, el ministro Zaldívar rechazó aceptar la ampliación a su cargo, el cual finalizó en diciembre de 2022.

     Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún tiene pendiente analizar la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que involucra la segunda parte del “Plan B” electoral, cuyo proyecto está a cargo del ministro Javier Laynez Potisek.

     Si bien aún no hay fecha para que el proyecto sea discutido en el pleno, la votación del lunes podría dar una idea del rumbo que tomaría la votación. Por otro lado, también abre la posibilidad de impugnar el paquete de cambios legislativos aprobados en el Senado de la República antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones, en fast-track, sin la presencia de los legisladores de oposición y en una sede alterna.